SAN JUAN – Con el propósito de asegurar los servicios esenciales a la ciudadanía, el pago de la nómina pública y los suplidores, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, notificó ayer a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que el Gobierno de Puerto Rico desea acogerse a la protección Título III de la Ley PROMESA.
Luego de amplias conversaciones de buena fe y la apertura de los libros financieros del Gobierno de Puerto Rico a los acreedores no ha habido progreso suficiente en las negociaciones por lo que el Título III de la Ley PROMESA permite llevar a un tribunal especial la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico.
“Seguimos comprometidos en mantener las negociaciones de buena fe para llegar a acuerdos con los acreedores. El mejor ejemplo de que se puede dialogar es el Acuerdo de Reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) establecido recientemente con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). No obstante, ante el déficit que hemos heredado, es mi responsabilidad garantizar los mejores intereses del Pueblo puertorriqueño”, sentenció el primer ejecutivo en rueda de prensa.
Rosselló Nevares destacó que durante las vistas de transición del Gobierno en diciembre del año pasado trascendió que el déficit del Gobierno alcanza los $7,600 millones y no los $3,200 que se habían informado por la pasada Administración.
“Estamos aquí para atender los problemas de Puerto Rico, no para mirar el pasado, y estoy convencido que nuestra Isla podrá retomar el camino del desarrollo económico con los pasos acertados del Gobierno y el empeño de cada uno de sus residentes”, agregó el mandatario.
El gobernador destacó que de manera responsable su Administración busca cumplir los acreedores con un pago a la deuda de cerca de $800 millones anuales y así está contemplado en el Plan Fiscal certificado por la JSF el pasado 13 de marzo de 2017. Esto representa un recorte de 80% en el pago del servicio de la deuda originalmente pactado con los acreedores por pasadas administraciones.
El primer ejecutivo adelantó que hay otras entidades bajo la supervisión de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) que pudieran estar buscando un acuerdo de reestructuración consensual bajo el Título VI de la Ley PROMESA.
“Mientras el Gobierno de Puerto Rico se mantiene con la intención de dialogar y negociar de buena fe con los acreedores, la reciente expiración de la moratoria impuesta por PROMESA contra la aplicación de la responsabilidades de los reclamos de los acreedores dicta que el mejor curso de acción para el Gobierno es entrar en el Título III con el propósito de ajustar sus deudas a un nivel sostenible consistente con el Plan Fiscal”, sostuvo el mandatario.
“Es mi deseo que los procesos del Título III del Gobierno aceleren el proceso de negociación llevando el mayor consenso posible con los acreedores y alcanzando, donde sea necesario, una resolución judicial rápida y eficiente de cualquier asunto o disputa”, concluyó Rosselló Nevares.
El gobernador reiteró que con esta medida se garantiza la continuidad del pago a los empleados y suplidores del Gobierno.
