SAN JUAN – La actividad de celebración del Día Internacional de los Trabajadores en la llamada Milla de Oro culminó el miércoles sin incidentes violentos.
Luego de culminada a eso de la una de la tarde la actividad oficial de las organizaciones que convocaron, se dio una directriz por parte del sindicalista Ricardo Santos para que las personas que quedaban salieran de la Avenida Muñoz Rivera.
“Lo que hemos hecho es garantizar que todos los manifestantes pudieran retirarse sin que la Policía hiciera lo que nos ha tenido acostumbrados en los pasados años que es que tratan de barrer la avenida cuando ellos entienden cuándo se ha acabado la actividad”, dijo el licenciado Ricardo Santos Ortíz, hijo del expresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER).
Santos Ortíz aseguró que como las autoridades fueron los que establecieron el área para protestar, volverán.
“Tenemos intenciones de regresar, pero como aprendimos en el día de hoy, lo vamos a hacer cuando, como y en el momento en que nosotros y nosotras entendamos sin decírselo a la Policía, porque hoy queda evidenciado que se ha escrito un capítulo horrible en la democracia al no permitirnos caminar por la Avenida Ponce de León”, sostuvo.
Solamente hubo dos incidentes en medio de la actividad, en el que la Policía intervino con dos personas. Hubo una joven que se trepó en la valla de seguridad en la Avenida Ponce de León y fue removida por los agentes. Luego, en la Avenida Muñoz Rivera, una persona disfrazada se trepó en la valla de seguridad y fue detenido por los Policías, cuando se bajó por el lado en el que estaban formados los uniformados.
Hubo además una situación con un hombre que insistía en entrar al edificio del Popular Center, el cual estaba cerrado, porque se utilizó como Centro de Operaciones de la Policía. El sujeto se marchó al no poder lograr entrar a la institución bancaria.
Desde la noche del martes, la Policía cerró el acceso de la Avenida Ponce de León intersección con la Avenida Roosevelt y la Avenida Muñoz Rivera intersección con la Avenida Chardón entre el edificio de UBS y el Popular Center. Este año, a los manifestantes no se les permitió caminar por un tramo de la Avenida Ponce de León, donde precisamente ocurrieron los incidentes violentos de los pasados dos años.
A eso de las 2:30 de la tarde se abrió la Avenida Muñoz Rivera.
Por otro lado, un grupo de trabajadores acudieron desde El Capitolio hasta La Fortaleza, donde entregaron una carta dirigida al gobernador Ricardo Rosselló Nevares por parte, de entre otros grupos, la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR).
En la misiva se expresa: “Señor gobernador, los asuntos que queremos traer ante su atención, que hoy afectan a la clase trabajadora y al pueblo en general, son los siguientes:
- La amenaza de la reducción de aportación patronal para el pago de los planes médicos a los empleados gubernamentales, la cual se pretende reducir a $125. Esto significa una reducción de salario que podría tener un impacto en el bolsillo del trabajador de entre $300.00 a $500.00 dólares. Aunque usted ha señalado en los pasados días que no se hará tal reducción a los empleados del gobierno central, aún se mantiene latente la reducción que afectará a los empleados de las corporaciones públicas y la Universidad de Puerto Rico. Le reiteramos que desista de esta medida que tanto daño provocará en la salud de los trabajadores y sus familias.
- En segundo lugar, le pedimos que detenga la legislación que intenta eliminar la colegiación de profesionales que garantiza el ordenamiento de múltiples labores y oficios, en beneficio de la propia ciudadanía y de los trabajadores que las ejecutan.
- Reclamamos que se revierta la legislación laboral que ha impactado negativamente a todos los trabajadores, tanto del sector público como privado, eliminando múltiples beneficios marginales y beneficios económicos.
- Insistimos en que se dé paso a la auditoría de la deuda que ha sido respaldada por todos los sectores de nuestro país. La ruta para atender con responsabilidad esta crisis sigue siendo la auditoría de la deuda; que se cancele toda deuda ilegal y que paguen los responsables. Este es un reclamo del pueblo que el gobierno tiene la obligación moral de atenderlo y así se lo demandamos.
- Señor gobernador, le reclamamos que detenga la política de privatización que ahora incluye la venta del Canal Seis, además de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica; oficinas comerciales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y otras.
- Una situación similar a esta, que debe ser corregida, se percibe en el Sistema Educativo de Puerto Rico, a través de la implantación de las escuelas chárter con todos los escándalos de corrupción que esto ha develado.
- La reducción dramática en el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y el alza en las matrículas, amenazan con la liquidación del sistema educativo universitario que tiene nuestro país. El contenido de su mensaje sobre este tema no es aceptable para la comunidad universitaria y debe ser discutido con ésta. Como un agravante a la situación universitaria, el sindicato que representa a los Empleados Exentos No Docentes, están enfrentando una actitud intransigente por parte de la Administración Universitaria en el proceso de la negociación colectiva. Se niegan a firmar un convenio justo para los trabajadores universitarios lo cual amenaza con reducir sustancialmente los beneficios del plan médico y eliminar la exención de matrícula a los miembros de la Hermandad, beneficio que históricamente han tenido.
- El tema de los pensionados y la reducción en sus pensiones representan una tragedia para los trabajadores que han dedicado su vida al servicio público y que hoy reciben un ingreso económico que propende de lo que ellos mismos han pagado durante toda su vida laboral. Pretender reducir estos ingresos, como lo ha propuesto la Junta de Control Fiscal, es una tragedia para los miles de pensionados de nuestro país y sus familias. De igual forma, deben garantizarse las pensiones de los maestros del sistema de educación pública quienes no reciben seguro social ni medicare. Proteger el magisterio y la educación pública debe ser prioridad para el gobierno. Le pedimos señor gobernador que, sin más dilación, manifieste su oposición y rechace esta intentona por parte de la Junta de Control Fiscal.
- Queremos informarle que estamos preocupados por el recién intento, de parte de la Legislatura de Puerto Rico, de aprobar legislación para apoderarse de la Asociación de Empleados del ELA, la cual pertenece a los trabajadores gubernamentales y que el gobierno no debe de meter la mano aquí.
- Rechazamos la intentona de desmantelar el Programa de Parque Nacionales, transfiriendo las instalaciones a los municipios, muchos de ellos con graves problemas económicos. Esta acción pone en riesgo nuestros recursos de playa y centros recreativos dejando a la clase trabajadora a la merced de las intenciones del gobierno de privatizarlas.
- En la Autoridad de Edificios Públicos prevalece una gran incertidumbre por declaraciones que usted emitiera durante el pasado mes de julio, que implican la posible privatización de esta corporación pública. Aunque hemos sostenido reuniones con uno de sus ayudantes en el área de educación, para que nos aclare sus expresiones, éste se limita a decir que están evaluando la situación”.
