“El proyecto del Senado 950, de mi autoría, es histórico, ya que su texto expresamente establece la regulación seria, uniforme y formal de una industria que, por décadas, ha violentado los más básicos requerimientos de consentimiento informado, dejando a la mujer a merced de este negocio de muerte.
El Proyecto enmendado y ya aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, contiene protecciones de avanzada a favor de la salud de la mujer y su consentimiento informado dentro de los procedimientos de aborto en Puerto Rico.
Tanto en las ponencias como en las vistas públicas, quedó evidenciado que la práctica del aborto en Puerto Rico tiene un solo fin: el de hacer dinero. No nos dejemos confundir, esto no tiene nada que ver con avanzar los derechos de la mujer. Si ese fuera el caso, estas clínicas pasarían por rigurosas regulaciones para operar y brindarían a las mujeres información necesaria para tomar la decisión de someterse al procedimiento, consentidamente y advertida de las consecuencias. Sin embargo, éste no es el caso.
En las vistas, las abortistas se opusieron agresivamente a que se permitiera mostrar un sonograma a las madres que solicitan orientación en sus oficinas. Que quede claro que el Tribunal Supremo Federal permitió esta regulación porque ayuda a la mujer embarazada a alcanzar un consentimiento informado de su decisión.
Sin embargo, los abortistas en Puerto Rico se negaron. Claro, porque no les interesa el consentimiento informado de la mujer. Ciertamente, si una mujer puede ver lo que hay en su vientre y puede informadamente saber de que tamaño es el feto y escucha sus latidos, las posibilidades de que aborte se reducen sustancialmente. Y claro, la clínica perdió su cliente. Todo se trata de dinero.
A pesar de que los abortos son procedimientos médicos, las oficinas o clínicas dedicadas a estos fines se han dedicado a promover los abortos como primera solución ante la crisis de una mujer desesperada, al encontrarse con un embarazo inesperado. Y, a falta de fiscalización del Gobierno, a fin de proteger la salud de la mujer, podemos concluir que el ingreso generado por los abortos es el único propósito legítimo de estas oficinas.
Lamentablemente, quienes único se perjudican con este esquema, son las mujeres en conflicto y desesperadas que llegan a estas clínicas, ya que son fáciles de persuadir hacia una solución supuestamente rápida y, alegadamente, segura, que sólo costará unos cientos de dólares resolver. Si una mujer adulta y desesperada es presa fácil para estos negocios, imagínese una menor.
Hoy quiero hablar de las menores que llegan a las clínicas en este conflicto y deseo aclarar las mentiras que se están diseminando referente a las protecciones que provee el Proyecto del Senado 950 para prevenir las agresiones sexuales y la falta de consentimiento de las menores.
Quiero aclarar al Pueblo de Puerto Rico, como es mi obligación, que en nuestro País, actualmente, una menor puede ir a una clínica a realizarse un aborto, completamente sola y la clínica no tiene ningún tipo de obligación de notificar a un adulto en quien la niña confíe. Pero, lo más importante aún, la clínica ni las personas que allí intervienen con esta niña, no tienen obligación alguna de notificar a las autoridades de la violación que ha sufrido esta menor. Sí, una violación. Que no se nos olvide, que cuando una menor queda embarazada, alguien ha cometido el delito de violación, haya ésta consentido o no al acto sexual.
Pero, a las clínicas esto no le importa, por eso no quieren que se regule. En la actualidad, la clínica únicamente se preocupa por cobrar por el aborto y listo. Esa es la rutina de estas clínicas al enfrentarse con una menor embarazada. Claro, si no realizan el aborto, no lo cobran. Y, de hecho, voy más allá, si la menor se arrepiente de abortar justo antes del procedimiento, le aclaran que de todas formas, le cobraran el aborto. No existe regulación en Puerto Rico que evite esta injusticia.
Pueblo de Puerto Rico, estas clínicas de aborto jamás pondrán su ingreso en juego, nunca pierden, no se dejen engañar. No aborto, no cobran. Su interés no es el bienestar de la mujer, su único interés es económico y punto.
Imagine el escenario, una menor que ha sido violada por su padre, abuelo, familiar o amigo cercano, queda embarazada. El agresor la obliga a ir a una clínica a realizarse un aborto, para encubrir su delito. La menor, utilizando el dinero que le facilita el agresor, comparece a la clínica de abortos, solita, esperando que nadie se de cuenta de lo que le pasa, por miedo a su agresor.
En este caso, la clínica simplemente le facilitará el aborto. Nada más. Es cierto, no hay preguntas. La ley no obliga a la clínica a interesarse en cómo quedó embarazada y si alguien la ha violado o agredido. No hay preguntas, porque los abortistas alegan que ellas tienen derecho a la privacidad.
No obstante, las menores solas, sin acompañamiento de un adulto de confianza, en Puerto Rico están desprotegidas. Ahora mismo, estas niñas quedan a merced no sólo de los abortistas que lo único que quieran es vender el aborto a esta niña a como de lugar, sino de su agresor, el cual podrá continuar agrediéndola y nadie, nadie la ayudó en su momento de crisis.
¿Que propone el Proyecto del Senado 950 para prevenir estos abusos a menores?
El proyecto se enfoca en el bienestar y la protección de la menor como prioridad. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha resuelto que nosotros, la Legislatura, podemos hacer leyes para adelantar el consentimiento informado de las menores en procedimientos de aborto pero también, la protección de éstas.
La intención del proyecto es que, cuando una menor quiera ir a una clínica de abortos, lo haga con el consentimiento de sus padres o con la anuencia de un juez. No porque la niña tenga que pedir permiso como muchos alegan. Si un menor necesita estar con sus padres en un dentista para que le haga una limpieza, es ridículo el pensar que para un procedimiento de aborto, no lo necesita.
Los menores necesitan nuestra protección. De otro modo, quedan a merced de las presiones de adultos insensibles, que lo único que quieren es hacer dinero, agredirles sexualmente, abusarles o tomar ventaja de ellos. Por eso, el proyecto 950 se levanta en defensa de las menores.
Todos deberíamos estar de acuerdo con apoyar el Proyecto 950, ya que esta ley que proponemos protege a nuestras niñas de los abusos del negocio de los abortistas en Puerto Rico. ¿Cómo lo hace?
Esta propuesta de ley exige que, en un momento de crisis por un embarazo inesperado, esta menor tenga uno de sus padres con quien contar a la hora de tomar esta difícil decisión. Ahora bien, si sus padres no están disponibles para asistir con ella a la clínica, el proyecto de ley facilita, no entorpece, facilita que la menor comparezca al tribunal para que un juez, en confidencialidad y de forma inmediata, pueda indagar la madurez de la menor y asegurarse que está tomando una decisión informada.
De esta forma, contamos con mayores garantías de que la menor sí conoce sus derechos, las consecuencias de realizarse un aborto, además de que aumentamos las probabilidades de lograr prevenir, evitar y detener un posible abuso sexual que haya o se encuentre sufriendo esta menor.
Ciertamente, hoy me reafirmo en que sólo abortistas en ánimo de lucro y personas con agendas personales, podrían oponerse a que el proyecto de ley 950 proteja nuestras menores embarazadas”.
