Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- La Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste (CEN) reaccionó ayer satisfecha por la radicación de varias multas contra tres personas vinculadas a la compañía Colonial Parking.
Las violaciones están relacionadas a una extracción de tierra, a modo de cantera, y a otro movimiento posterior para habilitar un área y operar un estacionamiento, en terrenos de la Reserva Natural
Las multas, por la suma total de $150 mil, fueron impuestas por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) por actividades realizadas durante los años 2012 y 2014, y en las que se impactó una quebrada, entre otros ecosistemas del CEN, y para lo cual se había presentado información falsa ante la agencia.
“Agradecemos las gestiones hechas recientemente por el director ejecutivo de OGPe, Alberto Lastra, entre otros funcionarios de la agencia y del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para que se atendiera finalmente nuestra querella. Los ciudadanos y el gobierno podemos trabajar juntos para asegurarnos que se respeten las leyes y los reglamentos, combatiendo así la impunidad”, declaró Angie Colón, presidenta de la Coalición.
La organización había señalado recientemente que la querella que había radicado en noviembre de 2012, no había sido atendida por la agencia. Tras la denuncia, el Director Ejecutivo de OGPe se hizo cargo directamente de investigar y dar seguimiento al referido de la Coalición.
Entre los hallazgos informados en un comunicado de prensa por el Director de OGPE, se identificó la presentación de información falsa para obtener el permiso de extracción. La agencia impuso $50 mil de multa a cada uno de los implicados. Entre estos están el proponente Uriel Meléndez, el concesionario o dueño, Ricardo Cariño Martínez, y el presidente Colonial Parking, Inc., Miguel Cabral Veras, operador del estacionamiento.
Este último fue uno de los empresarios implicados en el esquema de donaciones por el cual fue convicto el exsenador Jorge De Castro Font por autoridades federales.
La Coalición destacó que presentar información falsa, induciendo a error a las agencias de gobierno durante el proceso de evaluación de permisos, es un delito conocido como dolo, por lo que esperan que OGPe haga las gestiones necesarias ante el Departamento de Justicia para que se apliquen las sanciones correspondiente en ley.
