SAN JUAN – La representante María Milagros Charbonier Laureano, dijo el miércoles que evalúa llevar su amonestación del Tribunal Supremo de Puerto Rico al Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos.
“A diferencia de otros territorios en los Estados Unidos, Puerto Rico es la única jurisdicción donde los casos de querellas en contra de abogados ante el Tribunal Supremo no se les permite tener un amplio descubrimiento de prueba en su defensa ni existe la posibilidad de prescripción de los mismos, lo que permite como en este caso, que después de 21 años se emita una decisión sin contar con el testimonio de su cliente y principal testigo debido a que falleció”, dijo la representante en declaraciones escritas.
Según Charbonier Laureano, existen los elementos para levantar un argumento de discrimen e igual protección de las leyes, contra quienes ejercen la profesión de la abogacía en Puerto Rico.
“A menudo recibo muchas llamadas de abogados a mi oficina preocupados por esta situación. Hoy, yo he sido una más en ese grupo. Y entiendo, que a pesar de que existe una ley que se redactó con el fin de que no seamos sometidos a un Vía Crucis que puede durar más de una década, y de que los abogados en otras jurisdicciones cuentan con esos derechos de defenderse adecuadamente, creo que los nuestros en Puerto Rico no pueden estar por debajo de los demás. Merecemos el mismo respeto y los mismos derechos. En tiempos donde abogan y exigen igualdad de derechos a nivel mundial, cero discrimen e igualdad de protección de las leyes en todas las modalidades, es tiempo de que aquellos que escogimos defender, proteger y practicar la ley, también seamos cobijados por ella,” expuso.
Las expresiones de la representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) se dan en reacción a la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, de suspender por seis meses su profesión notarial, la cual no ejerce desde que fue electa a la Cámara de Representantes.
La suspensión responde a una querella radicada por una ciudadana en el año 2012 por eventos relacionados a un contrato de compraventa realizado por un cliente en el 1999 “y donde el único testigo en su defensa falleció”.
“Estoy en desacuerdo con la decisión debido a que en Puerto Rico el sistema de querellas contra abogados no permite presentar evidencia de conformidad. Adicional, la decisión fue considerada por el alto foro judicial 21 años después”, sostuvo.
“El único documento presentado por la parte querellante contiene marcas y tachaduras, aparentando haberse tratado de cambiar la fecha original del documento de 1999 a 2009. También, las firmas en el documento aparecían debajo de los nombres, no encima de estos, como es costumbre de las declaraciones juradas. Adicional, la palabra casada también fue tachada, y la palabra declarante no había sido incluida debajo de los nombres como es costumbre en todos los documentos legales”, mencionó.
Según la representante, como parte de su defensa, presentó a través de su representación legal el historial de 34 casos en los tribunales de Puerto Rico contra la persona que se querelló en su contra. Alego que en el documento sometido “se desprenden sobre 34 querellas por parte de diferentes ciudadanos y representantes de la ley y orden incluyendo demandas por fraude de acreedores, alteración a la paz, obstrucción a la Justicia, entre otros delitos”.
“Esa es la persona a quien el Tribunal le creyó, y que debido al proceso tan hostil contra cualquier abogado, no se nos permite presentar porque no existe la posibilidad de descubrir prueba en las querellas contra la práctica de la profesión legal”, señaló Charbonier.
Charbonier Laureano mencionó que no hará más comentarios sobre este tema y refirió cualquier solicitud a su abogado en el caso, Mario Rodríguez.
